El gobernador impulsa nuevas restricciones que pueden condicionar el ingreso de capitales y limitar oportunidades de desarrollo en la provincia. Menos inversiones pueden traducirse en menos proyectos productivos, menos empleo y menor movimiento económico para las localidades pampeanas.

Sergio Ziliotto busca avanzar con un nuevo esquema de regulación sobre la compra de tierras rurales en La Pampa. El gobernador presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley que establece condiciones para que ciudadanos y empresas extranjeras puedan adquirir campos, con restricciones que alcanzan tanto a la superficie de las propiedades como a las características de los compradores.

Uno de los puntos más importantes de la iniciativa son los requisitos de residencia. El proyecto contempla excepciones para extranjeros que acrediten diez años de residencia continua en el país, plazo que se reduce a cinco años para quienes tengan hijos argentinos o mantengan un matrimonio o unión convivencial con ciudadanos argentinos durante ese período. También establece condiciones especiales para extranjeros naturalizados por inversión.

La propuesta fija, además, un límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras tanto para el conjunto de la provincia como para cada departamento. Los máximos de superficie por titular oscilarían entre 1.000 y 20.000 hectáreas, dependiendo de la productividad y ubicación del terreno. También prohíbe la adquisición de determinados campos vinculados con recursos naturales estratégicos y áreas protegidas.

Sin embargo, las consecuencias económicas de estas restricciones abren un interrogante para el sector productivo. La posibilidad de limitar compradores puede reducir alternativas de financiamiento y asociación para propietarios locales, además de condicionar el ingreso de capitales destinados a incorporar tecnología, mejorar instalaciones y ampliar explotaciones agropecuarias. También podría tener efectos indirectos sobre proveedores, comercios y trabajadores de las localidades rurales.

Ziliotto defendió la iniciativa bajo el argumento de proteger los recursos naturales y la soberanía territorial. Ahora, el proyecto deberá atravesar el debate legislativo, donde se discutirá hasta dónde debe llegar la regulación estatal sobre la propiedad rural y qué consecuencias puede tener para la actividad productiva pampeana.