Un tribunal de justicia dictaminó la condena a prisión condicional de un sujeto acusado de abusar sexualmente de una menor con vulnerabilidades cognitivas. El proceso reveló un esquema criminal que trascendió el delito sexual inicial: manipulación de registros de video y coacción de familiares para obtener falsas declaraciones.

El caso comenzó cuando el acusado, aprovechando el retraso madurativo de la niña, la engañó para que ingresara a su vivienda. Le ofreció agua como anzuelo para llevarla adentro, donde cometió el abuso sexual.

Lo que distingue este expediente es cómo el imputado reaccionó una vez que enfrentó investigación. Según consta en el fallo, editó archivos de video provenientes de cámaras de vigilancia, presumiblemente para suprimir o modificar las imágenes que lo incriminaban. Paralelamente, presionó a sus propios hijos para que mintieran ante los tribunales en su defensa.

Estos actos de obstrucción fueron documentados y evaluados por el tribunal, que los consideró agravantes en la caracterización del caso. No se trató simplemente de un delito sexual, sino de un panorama más amplio de criminalidad que incluía destrucción de pruebas y corrupción de testigos mediante coerción familiar.

La condena resultante fue de diez meses de prisión condicional, modalidad que permite al condenado permanecer en libertad bajo supervisión siempre que satisfaga requisitos establecidos por la Justicia.

El expediente subraya cómo los depredadores sexuales frecuentemente buscan víctimas con limitaciones intelectuales y, al verse acorralados legalmente, recurren a tácticas sofisticadas de enmascaramiento criminal, involucrando incluso a sus familias en el encubrimiento.

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