El Gobierno de Javier Milei impulsa la recuperación del régimen de derribo dentro de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, luego de que fuera dejado sin efecto durante la gestión de Alberto Fernández. La medida busca fortalecer la capacidad de respuesta del Estado ante amenazas externas.

Durante los últimos años, la política argentina sobre Malvinas estuvo centrada principalmente en el reclamo diplomático y la presentación de posiciones ante organismos internacionales. Sin embargo, el Gobierno nacional plantea una nueva etapa basada en herramientas concretas para generar consecuencias económicas y legales sobre quienes participen de actividades consideradas contrarias a los intereses argentinos.

Uno de los cambios impulsados por la administración de Javier Milei es la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, enviada al Congreso, que busca reemplazar el esquema establecido por la Ley 26.659 y endurecer el régimen de sanciones frente a la explotación no autorizada de recursos naturales.

La iniciativa contempla sanciones contra empresas, accionistas, directivos y proveedores vinculados a actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas, incluyendo multas económicas, inhabilitaciones y penas de hasta 20 años de prisión para determinados delitos relacionados con la explotación de recursos.

Además, el proyecto incorpora nuevas herramientas vinculadas a la defensa nacional, como un Consejo de Seguridad Nacional y mecanismos para coordinar acciones diplomáticas, económicas, militares y de inteligencia frente a amenazas externas.

En paralelo, durante la gestión de Alberto Fernández se había eliminado el régimen permanente de derribo aprobado durante la administración de Mauricio Macri. La derogación, realizada en 2023, dejó sin efecto esa regla específica de protección aeroespacial, según explicaron documentos oficiales citados por medios nacionales.

La nueva estrategia del Gobierno busca cambiar el enfoque: pasar de una política basada principalmente en declaraciones y reclamos internacionales a un esquema que combine diplomacia, sanciones económicas y capacidad estatal para defender los intereses argentinos.