El presidente de la Corte realizó un balance mixto sobre el estado actual del poder judicial en Rosario, reconociendo progresos en ciertos ámbitos pero advirtiendo sobre déficits importantes que subsisten. Rosatti destacó que las métricas de desempeño en materia de narcotráfico y crimen organizado muestran resultados positivos, sin embargo, enfatizó que estos avances no abarcan la complejidad total de los problemas institucionales.

El centro de la preocupación de Rosatti se concentra en las redes de corrupción y protección que permanecen vigentes dentro y fuera del sistema judicial rosarino. Según su apreciación, estas estructuras subterráneas constituyen un impedimento fundamental para lograr una justicia transparente y confiable en la región.

Rosatti expresó que el trabajo de limpieza y depuración institucional es un proceso que requiere continuidad y profundización. La mera obtención de estadísticas favorables en la persecución de ciertos delitos no puede considerarse como evidencia de una transformación completa del sistema. Las redes de complicidad entre agentes judiciales e implicados en actividades criminales siguen operando, sostuvo.

Durante su presencia en la Cámara Federal de Rosario, el titular de la Corte llevó a cabo evaluaciones directas de la situación del poder judicial local. Este contacto permitió a Rosatti corroborar tanto los logros cuantitativos como los desafíos cualitativos que enfrenta la institución.

Las palabras de Rosatti reflejan una estrategia de vigilancia activa sobre la función judicial en territorios críticos. Su mensaje transmite que los organismos de control nacional están atentos a los problemas de corrupción en los sistemas judiciales regionales, particularmente en zonas donde el crimen organizado ha generado impactos significativos en la institucionalidad.

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