La Justicia volvió a poner la lupa sobre el empresario Lázaro Báez, esta vez por una presunta evasión fiscal millonaria derivada del alquiler de varias de sus propiedades. Según reveló Clarín, el ex contratista kirchnerista habría facturado más de 240 millones de pesos entre 2020 y 2025 sin declarar los ingresos correspondientes ante la AFIP, lo que encendió las alarmas en la Dirección General Impositiva (DGI).

El nuevo expediente, que se encuentra en etapa de investigación, apunta a más de veinte inmuebles ubicados en Río Gallegos y otras localidades de Santa Cruz. A pesar de que muchos de esos bienes se encuentran embargados por las causas judiciales previas de Báez, el empresario habría continuado generando ingresos a través de su alquiler, en algunos casos mediante intermediarios o empresas inmobiliarias que actuaban en su nombre.

Fuentes cercanas al organismo fiscal indicaron que se están analizando los contratos y movimientos financieros asociados a las operaciones, con el objetivo de determinar si existió una maniobra de ocultamiento de activos. En paralelo, no se descarta que la investigación derive en una nueva denuncia penal por evasión agravada, dada la magnitud de los montos involucrados y los antecedentes judiciales del empresario.

Condenado en 2021 por lavado de dinero en la causa conocida como “La ruta del dinero K”, Báez enfrenta ahora un nuevo frente judicial que vuelve a comprometer su situación. La investigación busca esclarecer si, a pesar de los embargos y controles impuestos por la Justicia, el empresario logró mantener un circuito económico paralelo a través del cobro de alquileres no declarados.