Una investigación periodística de Luis Gasulla reveló la compra de seis camionetas equipadas con tecnología de intercepción que no figuran en los inventarios. 

Una investigación periodística ha vuelto a colocar en el centro de la escena judicial y mediática la gestión del Teniente General retirado César Milani, quien se desempeñó como Jefe del Estado Mayor del Ejército durante el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner. La denuncia revela la presunta adquisición y posterior desaparición de una flota de vehículos de inteligencia táctica, cuyo costo fiscal total habría ascendido a los 36 millones de dólares, y cuyo destino físico y legal permanece desconocido hasta la fecha.

Según los datos desprendidos del informe publicado por el portal Periodismo y Punto, la maniobra se habría gestado en el marco del denominado «Proyecto Ciberdefensa», una estructura de inteligencia montada en el séptimo piso del Edificio Libertador. Este organismo operaba bajo el mando directo de Milani, a quien Cristina Kirchner había otorgado un poder inédito y el control de millonarios fondos reservados, confiándole el manejo de información sensible que, según las acusaciones, se utilizaba para el monitoreo y espionaje de dirigentes opositores y periodistas.

El eje central de la acusación se posa sobre la compra de seis camionetas Toyota Hilux, cuyo valor unitario se estima en 6 millones de dólares, una cifra exorbitante que responde al sofisticado equipamiento tecnológico incorporado bajo licencias internacionales. De acuerdo con fuentes reservadas de la fuerza, estas unidades no eran vehículos convencionales, sino verdaderos centros de operaciones móviles que contaban con sistemas de intercepción de comunicaciones de última generación, capacidad de hacking para vulnerar redes privadas y servidores institucionales, además de tecnología de visión nocturna y táctica similar a la utilizada por fuerzas militares de la OTAN en zonas de conflicto.

Lo más alarmante de la denuncia radica en la total ausencia de rastros administrativos sobre estos bienes del Estado. A pesar de la magnitud de la erogación presupuestaria, los vehículos no figuran en los inventarios oficiales actuales del Ejército Argentino ni en las dependencias del Ministerio de Defensa. La investigación sugiere que, para eludir los controles formales, la flota podría haber sido derivada administrativamente a la órbita de ARSAT o camuflada bajo convenios con el Ministerio de Planificación Federal, aprovechando la autonomía financiera que el Ejecutivo le garantizaba al jefe militar. Asimismo, se detalla que gran parte de la documentación respaldatoria de estos gastos secretos era incinerada sistemáticamente al finalizar los ejercicios fiscales, impidiendo cualquier tipo de auditoría posterior transparente sobre el uso de esos recursos.