Detalló El Día que los fiscales Luciani y Mola evalúan solicitar el decomiso definitivo del edificio de la calle San José 1111. El objetivo es que el inmueble, perteneciente a la sociedad Los Sauces, pase al erario público para recuperar parte de los fondos desviados en la obra pública.

En el marco de la ejecución de la condena firme por la Causa Vialidad, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola avanzan en una nueva estrategia para garantizar el recupero de los activos sustraídos al Estado. La atención del Ministerio Público Fiscal se centra ahora en el edificio situado en la calle San José 1111, en el barrio de Constitución. Este inmueble no es uno más en la lista: se trata de la propiedad donde actualmente la ex vicepresidenta Cristina Kirchner cumple su arresto domiciliario, lo que añade una capa de complejidad política y judicial a la posible medida de decomiso que buscan impulsar.

La hipótesis de la Fiscalía sostiene que el edificio, titularidad de la sociedad inmobiliaria familiar «Los Sauces S.A.», debe ser incautado como parte de la reparación económica por el fraude en la obra pública. Según los investigadores, esta propiedad forma parte del entramado societario utilizado en las maniobras de corrupción, por lo que corresponde su traspaso al erario público. La intención es ejecutar el decomiso definitivo de los bienes que fueron instrumento o producto del ilícito, aplicando el artículo 23 del Código Penal, independientemente de su uso actual como vivienda de la condenada.

El objetivo central de esta avanzada es cubrir el embargo millonario dictado por la Justicia, que busca recuperar los fondos desviados durante las gestiones kirchneristas en favor del empresario Lázaro Báez. Ante la dificultad de hallar dinero líquido suficiente para cubrir el perjuicio fiscal, estimado en miles de millones de pesos, los fiscales apuntan a los activos inmobiliarios de mayor valor registrados a nombre de las empresas familiares. El edificio de San José, que cuenta con múltiples unidades funcionales, representa un capital sustancial para amortizar parte de la deuda generada por el delito contra la administración pública.

De concretarse esta solicitud, la situación de la ex mandataria podría verse comprometida, ya que el inmueble pasaría legalmente a manos del Estado Nacional. Si bien el arresto domiciliario debe cumplirse en un lugar fijo, la pérdida de la titularidad de la propiedad obligaría a la defensa a renegociar las condiciones de su alojamiento o, en última instancia, al Estado a disponer del bien, lo que podría derivar en un eventual desalojo o en el pago de un canon locativo. Esta medida busca priorizar la devolución efectiva de lo robado, enviando un mensaje de que el decomiso de bienes es una parte ineludible de la condena.