En el programa Odisea Argentina, el periodista Francisco Olivera reveló datos de su informe donde expuso prácticas con acceso privilegiado al dólar oficial en plena vigencia del cepo durante la gestión previa, con cuevas, cambistas y militantes políticos involucrados en operaciones millonarias que ya estaban bajo la lupa judicial.

En su informe para Odisea Argentina, Francisco Olivera expuso cómo durante el último año del gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa se movieron más de US$ 2.000 millones en operaciones concentradas en muy pocas manos, apenas tres o cuatro según técnicos del Banco Central. El mecanismo aprovechaba el acceso al dólar oficial en un contexto en el que la mayoría de los ciudadanos no podía comprar divisas, mientras un reducido grupo adquiría a precio regulado y revendía en el circuito informal para favorecer al Gobierno y, al mismo tiempo, obtener ganancias extraordinarias.

Entre los nombres identificados aparece Ariel Vallejo, dueño de Surfinanzas, ligado al fútbol y con presencia publicitaria en el deporte. La investigación judicial involucra también a Elías Pichirilo, apodado “el rey del blue”, señalado por haber operado más de US$ 400 millones a través del Banco Valle Fértil. Ambos figuran en dictámenes del fiscal Gerferov y de la jueza Capuchetti, mientras se analizan vínculos políticos, actividad financiera y publicaciones recientes que los propios involucrados difundieron en redes.

Otra figura central es Juan Ignacio Agra, militante peronista y dueño de Mega Latina S.A., que habría comprado y vendido más de US$ 500 millones durante el último año del gobierno de Alberto Fernández. Agra también comparte negocios con Juan Bautista Meli, referente del Frente Renovador en La Plata, y con integrantes de la familia Sleiman, actores relevantes en la legislatura bonaerense. Las conexiones incluyen a Karuma Group, una casa de cambio con más de diez sucursales, vinculada además al caso del puntero “Chocolate” Rigau, quien tenía tarjetas de empleados de esa firma.

El informe también detalla maniobras con importaciones simuladas, sobrefacturación y uso de SIRA, lo que implicaría intervención de la Aduana y la Secretaría de Comercio. A esto se suma un audio clave en el que surgen los nombres “Romina” y “Jaime”, coincidentes con funcionarias del Banco Central dedicadas a supervisar entidades financieras. Aunque no hay confirmaciones, el sector de las cuevas señala esas coincidencias como indicios de una red aún no explorada. La investigación, señala Olivera, recién empieza y podría comprometer estructuras internas del propio Banco Central.